En el transcurso de uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera ha explicado que su Gobierno está trabajando para buscar la fórmula para convertir en permanentes los impuestos las energéticas y el sector bancario, que la ministra sigue calificando de «incentivos a la inversión, pese a las fuertes críticas de empresas y bancos e incluso a las amenazas de algunas de llevarse su inversión a otros países si este impuesto se mantiene.
Según el real decreto de medidas anticrisis aprobado el pasado mes de enero, el Gobierno pretendía convertir en permanente el impuesto a las energéticas a través de los PGE de 2024. Pero al haber renunciado el Gobierno a presentar presupuestos para este año y prorrogar los del año anterior, Hacienda tendrá que buscar otra fórmula a lo largo del año para hacerlo. En el caso de que el Gobierno no encuentre una solución que permita su encaje legal, el impuesto a las energéticas decaerá el 31 de diciembre.
Teresa Ribera señaló que habrá que ver la posibilidad de introducir esa modificación al gravamen «en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos» y confirmó así que está trabajando en la manera para hacer permanente el impuesto extraordinario a pesar de no haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
En un principio, estaba previsto que esa reformulación del impuesto extraordinario se recogiera en los PGE para 2024, ya que el gravamen tenía carácter temporal para dos años -2023 y 2024-. A este respecto, la ministra indicó que será necesario encontrar un lugar para su tramitación, ya que de no ser así decaerá la medida a finales de este ejercicio. «Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión», dijo.
Ribera explicó también que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen «hacia un sistema que permita incentivar la inversión. Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial», dijo, añadiendo que el encaje se lo deja a «la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que es la que lidera este dosier».