La aprobación definitiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte del Consejo de la Unión Europea ha desatado una ola de rechazo entre las organizaciones agrarias españolas. La nueva legislación, que exige la restauración de los ecosistemas degradados, ha sido especialmente polémica entre los agricultores, quienes cuestionan la viabilidad financiera y la equidad de su implementación.
José María Castilla, director de ASAJA en Bruselas, expresó su descontento con la ley, calificándola como un “día triste para el sector agropecuario”. Castilla criticó la falta de financiación clara para las medidas de restauración y la ausencia de garantías de que los países terceros cumplirán con los mismos estándares. “Esto va a producir claramente una distorsión de mercados”, señaló, apuntando a las diferencias entre los Estados miembros, como España, más comprometido con la protección ambiental, y otros, como Portugal, con una orientación más agraria.
Por su parte, COAG manifestó su preocupación por la implementación de la ley y su impacto en los agricultores. La organización destacó la necesidad de apoyo financiero y técnico para los agricultores de las áreas afectadas, especialmente en regiones con alta sensibilidad ambiental como el Mar Menor y Doñana, aunque COAG no se opone de forma radical a la ley. José Manuel Roche, secretario de relaciones internacionales de UPA, subrayó que “no se puede aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores”.
Unión de Uniones ha anunciado que presentará una iniciativa para derogar los artículos de la Ley de Restauración de la Naturaleza que tengan un impacto negativo en el sector agrario. Según la organización, la ley podría forzar a los agricultores a asumir costes adicionales sin proporcionar un respaldo financiero adecuado. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, criticó la normativa por imponer “condicionantes absurdos”, como la obligación de usar abono orgánico o de dejar parcelas en estado natural, lo que considera una medida contraproducente dada la escasez de alimentos. Además, instó al Partido Popular Europeo a cumplir con sus promesas electorales y buscar apoyos para suprimir esta normativa en la Eurocámara.
Incertidumbre sobre la Financiación
La falta de claridad sobre cómo se financiarán las medidas de restauración es uno de los principales puntos de conflicto. UPA y COAG subrayaron la necesidad de que la UE y los gobiernos nacionales proporcionen recursos suficientes para que los agricultores puedan cumplir con las nuevas normativas sin comprometer su viabilidad económica. Ante estas dudas, el ministro de agricultura español, Luis Planas, ha declarado a este respecto que ni un euro de la Política Agrícola Común (PAC) va a financiar el Reglamento sobre Restauración de la Naturaleza y que así lo refleja el nuevo acuerdo.
La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, que se ha convertido en un símbolo de la lucha tanto a nivel europeo coo a nivel nacional, establece objetivos ambiciosos, como la restauración del 20% de los ecosistemas degradados para 2030 y la completa restauración para 2050. Sin embargo, la implementación de estas metas sigue generando incertidumbre y oposición entre los sectores afectados.
A poco tiempo de la celebración de las elecciones al Parlamento europeo, sin una cámara constituida y sin los cargos de las instituciones de la UE otorgados, los defensores de la ley establecieron una estrategia in extremis para sacarla adelante, aunque las urnas decidieran mayoritariamente en su contra.