La ganadería familiar en España se enfrenta a un duro revés con la aprobación de la Directiva de Emisiones Industriales en el Parlamento Europeo. Las organizaciones UPA y Unión de Uniones alertan sobre los efectos devastadores de esta normativa en miles de granjas porcinas y avícolas en el país.
La reciente votación en el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Emisiones Industriales ha desatado preocupación en el sector agrario español, especialmente entre los pequeños y medianos ganaderos. Tanto la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han expresado su descontento y alarma ante las posibles repercusiones de esta normativa en la ganadería familiar.
La UPA ha calificado la directiva como un «ataque contra la ganadería familiar», destacando que, de aplicarse en su forma actual, generaría problemas significativos en miles de granjas porcinas y avícolas en España. La organización ha instado al Consejo de Ministros de Medio Ambiente a tomar medidas para rebajar el impacto de esta normativa en el sector, especialmente en las granjas de carácter familiar.
Por su parte, la Unión de Uniones ha alertado sobre la inasumibilidad de las exigencias de la directiva para las medianas y pequeñas granjas avícolas y porcinas. Según esta organización, las nuevas normativas supondrán un duro incremento de las exigencias para granjas de tamaño medio-pequeño, aumentando la carga burocrática y los costes de gestión de manera inasumible para muchos ganaderos.
Ambas organizaciones han hecho un llamamiento a las autoridades para que se tenga en cuenta la realidad de la ganadería familiar y se adopten medidas que protejan a este sector vital para la economía rural y la seguridad alimentaria del país. En un contexto de creciente presión regulatoria y económica, es fundamental encontrar un equilibrio que garantice la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas familiares en España.