Catorce de las organizaciones ganaderas más importantes de España han unido fuerzas para hacer un llamado al Gobierno español, solicitando que rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. Esta petición se basa en la preocupación compartida de que el nuevo reglamento no está respaldado adecuadamente por la ciencia y no garantiza una mejora significativa en el bienestar animal durante el transporte.
En un comunicado conjunto dirigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estas organizaciones, que incluyen a Anice, Anprogapor, Apromar, ASAJA, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria, expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que el nuevo reglamento podría tener para la industria ganadera española.
Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentran las siguientes:
1. Impacto en el comercio justo y equilibrado: El cumplimiento del nuevo reglamento podría limitar el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la Unión Europea, afectando tanto a las importaciones como a las exportaciones de animales y productos relacionados.
2. Carga administrativa sin precedentes: Las obligaciones administrativas propuestas en el nuevo reglamento conllevarían un alto costo tanto en términos económicos como en recursos humanos para los ganaderos españoles, especialmente para los más pequeños.
3. Discriminación geográfica: Se argumenta que la propuesta de norma no tiene en cuenta las diferencias geográficas y climáticas de España, lo que podría resultar en un trato desigual respecto a otras regiones europeas.
4. Trabajo nocturno y riesgos laborales: Las restricciones al transporte diurno podrían obligar a los trabajadores del sector ganadero a realizar más trabajo nocturno, aumentando los riesgos laborales y afectando a la seguridad vial.
5. Impacto en las exportaciones: Se prevé que la aprobación del nuevo reglamento reduciría significativamente la capacidad exportadora de España, afectando a toda la cadena alimentaria y a la economía en general.
6. Aumento del coste para el consumidor: Si se implementa el nuevo reglamento, se espera que los costes de producción se trasladen al consumidor, lo que podría derivar en aumento de la inflación y una disminución de los ingresos del Estado.
Ante estas preocupaciones, las organizaciones ganaderas instan al Gobierno español a oponerse frontalmente al nuevo reglamento, argumentando que su implementación tendría graves repercusiones para la producción ganadera española, la cadena alimentaria, la economía y el desarrollo rural del país.