Las principales organizaciones agrarias españolas, Asaja, UPA, COAG, Unión de Uniones (UdU) y las Cooperativas Agro-Alimentarias, no descartan convocar nuevas movilizaciones si el Gobierno no responde a sus peticiones con soluciones concretas y efectivas para el sector.
Así lo han manifestado sus líderes en declaraciones a Efeagro, en las que han expuesto los principales retos que afronta la agricultura y las demandas que trasladarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) al inicio del nuevo curso.
Tras un año marcado por protestas que llevaron al MAPA a implementar 43 medidas de apoyo al sector, la incertidumbre persiste entre los agricultores y ganaderos. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, advirtió que, aunque las movilizaciones «no son el mejor sistema», no se descartan si las administraciones no actúan. Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, añadió que los problemas del sector siguen sin resolverse, adelantando posibles protestas en regiones como La Rioja debido al incumplimiento de la Ley de cadena alimentaria.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, señaló que es probable que se retomen las tractoradas si no se concretan las medidas necesarias, mientras que Lorenzo Ramos, de UPA, alertó sobre el aumento del «paro» entre los productores tras las cosechas de verano, lo que podría impulsar la adhesión a las movilizaciones.
Luis Cortés, coordinador de UdU, también advirtió que los tractores podrían volver a las calles este invierno si no se solucionan problemas como el aumento de importaciones de productos extranjeros, que compiten de manera desleal con los productos nacionales.
Desafíos clave: sequía, relevo generacional e importaciones
Las organizaciones agrarias han destacado tres grandes problemas que afectan al sector: la sequía, la falta de relevo generacional y el alza de las importaciones de terceros países. Villafranca subrayó que, aunque la situación hídrica ha mejorado, sigue siendo urgente implementar una «política del agua» que involucre a todas las administraciones. A esto se suma la preocupación por las políticas laborales y climáticas que, según Padilla, colocan «palos en las ruedas» del campo español.
Para UPA, la especulación en el mercado de productos agrícolas es otro de los problemas urgentes, por lo que Lorenzo Ramos pidió reforzar la Ley de cadena alimentaria, una demanda que comparte UdU, cuya dirección ha denunciado el incumplimiento de esta ley por parte de las administraciones.
Las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de soluciones más concretas. Villafranca pidió «diálogo y escucha» tanto del Gobierno central como de las administraciones autonómicas. Asaja criticó que las 43 medidas del MAPA «dejaron mucho que desear» y por eso no las firmaron, y exigen una mayor simplificación de la Política Agraria Común (PAC).
Por otro lado, Padilla abogó por la creación de una nueva mesa de negociación que permita abordar los problemas estructurales del sector y colocar a la «agricultura profesional» en el centro de las políticas agrarias. UPA, que sí firmó el acuerdo de las 43 medidas, insistió en la necesidad de cumplirlo «al 100%» y aclarar aspectos como la ley de representatividad para normalizar la situación en el sector.
Finalmente, UdU reclamó más peso del MAPA en las decisiones que afectan a la agricultura y advirtió sobre la interferencia de otros ministerios, como el de Transición Ecológica, que imponen normas sin considerar las necesidades del sector agrícola.