La Unión de Extremadura exige el cese del presidente de la CH Guadiana por «defender intereses portugueses

La Unión de Extremadura ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica el cese inmediato de Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CH Guadiana). La organización agraria lo acusa de priorizar los intereses de Portugal por encima de los españoles, tras unas declaraciones en las que Moraleda defendió que los agricultores extremeños que utilizan agua del Pantano de Alqueva deben pagar un canon a la autoridad portuguesa.

Según la Unión de Extremadura, Moraleda afirmó que «es razonable que los aprovechamientos que se beneficien de la regulación de Alqueva paguen un canon de agua a la autoridad portuguesa» y, además, aseguró que «no se van a revisar los caudales ecológicos que pasan por la zona extremeña del Guadiana», a pesar de la escasez de agua.

La organización considera que estas declaraciones perjudican a los agricultores extremeños, quienes, a pesar de la sequía, deben seguir desembalsando agua hacia Portugal. Señalan que, mientras embalses como La Serena y Cíjara están por debajo del 20% de su capacidad, el pantano de Alqueva se mantiene por encima del 75%. Esto, según la Unión de Extremadura, agrava la situación, ya que España tendría que pagar por un agua que ha sido previamente transferida a Portugal.

Además, la organización denuncia que, mientras las autoridades portuguesas defienden sus intereses nacionales, las españolas permiten que Extremadura sufra las consecuencias de la falta de agua. La Unión de Extremadura justifica su demanda de cese afirmando que la región ha padecido dos años de sequía mientras el pantano de Alqueva ha permanecido prácticamente lleno.

Este miércoles, el jefe del Gobierno español y el primer ministro portugués acudieron una cumbre bilateral en Faro, en la que se firmó un acuerdo sobre el uso agrícola del agua. Este pacto busca actualizar las normativas del Acuerdo de Albufeira, que regula la gestión de las cuencas compartidas por ambos países, incluyendo la del río Guadiana. Se trata de un marco regulatorio para establecer las normas necesarias adaptadas a la situación actual, definiendo los caudales de los ríos en cada momento.

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