El sector porcino en España enfrenta una amenaza inminente debido a una nueva normativa que podría tener graves repercusiones para los ganaderos. El Gobierno pretende reducir significativamente la densidad de animales en las granjas, una medida que incrementará los costes operativos y reducirá la rentabilidad de las explotaciones porcinas. Ante esta situación, la organización Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha solicitado al Ministerio de Agricultura la implementación de un plan de adaptación que mitigue las pérdidas para los ganaderos.
La preocupación del sector se centra en la disposición final del Real Decreto 159/2023 sobre Bienestar Animal, que obliga a las granjas a ampliar sus instalaciones o a reducir el número de animales para cumplir con las nuevas normas. Esta disposición, que afectará a todas las explotaciones a partir de marzo de 2025, ya se está aplicando a los proyectos de nuevas granjas.
Una delegación de UPA se reunió este miércoles 22 de mayo con Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, para expresar las preocupaciones del sector. UPA destacó que, debido a la dificultad o imposibilidad de ampliar las granjas, muchos ganaderos se verán obligados a reducir el número de animales, lo que impactará negativamente en su rentabilidad. La organización pide que estas pérdidas sean compensadas por las empresas integradoras, que deberían pagar más a los ganaderos por la crianza de los animales.
El Ministerio de Agricultura ha reconocido los posibles efectos adversos de la reducción de animales en las granjas y se ha mostrado abierto a reconsiderar la densidad de animales si el sector presenta un plan con medidas de bienestar animal. Una de las propuestas es la instalación de materiales manipulables para los cerdos, que podrían reducir las lesiones entre los animales.
UPA se ha comprometido a trasladar sus propuestas a toda la rama productora porcina en la Interprofesional Interporc, con el objetivo de elaborar un plan conjunto que sea presentado al Ministerio de Agricultura. El propósito es mantener la rentabilidad de las granjas de porcino, que juegan un papel crucial en la economía española. El sector porcino en España es líder en Europa, representando el 39% del valor de la Producción Final Ganadera y está compuesto por más de 85,000 granjas en todo el país.
El secretario general de UPA ha destacado la necesidad urgente de actuar: “Los ganaderos no podemos asumir estas pérdidas cuantiosas y por eso pedimos un aumento de los precios pagados por cada cerdo criado”. La organización continuará trabajando con el resto del sector para asegurar que las medidas de bienestar animal no comprometan la viabilidad económica de las explotaciones porcinas.