El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este viernes los acuerdos comerciales de 2019 entre la UE y Marruecos en materia de pesca y productos agrícolas, argumentando que no se obtuvo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, cuya soberanía es disputada. La decisión ha generado un importante impacto en las relaciones comerciales entre ambas partes, que deberán replantearse para cumplir con las exigencias judiciales.
El fallo sostiene que el pueblo saharaui no fue consultado adecuadamente sobre la explotación de los recursos naturales de su territorio, lo que invalida los acuerdos, especialmente en lo relativo a la pesca en aguas adyacentes al Sáhara y la importación de productos agrícolas. El tribunal, sin embargo, ha decidido mantener el acuerdo agrícola vigente durante 12 meses adicionales por razones de seguridad jurídica y para evitar un impacto negativo en la acción exterior de la Unión Europea.
La sentencia responde a una demanda presentada en 2019 por el Frente Polisario, que se autodefine como el representante legítimo del pueblo saharaui. Esta organización había llevado el caso ante el Tribunal General de la UE, que ya en 2021 anuló los acuerdos por razones similares, aunque temporalmente mantuvo sus efectos para evitar un vacío legal. La Comisión Europea y el Consejo de la UE recurrieron aquella decisión, pero el TJUE ha desestimado sus recursos.
En su veredicto, la corte subraya que no se puede presumir el consentimiento del pueblo saharaui si los acuerdos no les generan beneficios claros y tangibles. Aunque reconoce que la Comisión Europea realizó consultas previas a la firma de los pactos, estas no incluyeron a los saharauis como tales, sino a las poblaciones residentes en el Sáhara Occidental, lo que no se considera suficiente.
Este fallo deja abierta la posibilidad de renegociar acuerdos con Marruecos que incluyan explícitamente beneficios verificables para el Sáhara Occidental. Fuentes expertas indicaron que, aunque los acuerdos actuales han sido anulados, la sentencia proporciona algunas vías para futuros convenios si se aseguran ventajas claras para el pueblo saharaui.
La anulación del acuerdo pesquero, cuyo plazo de vigencia ya había expirado, y la posible renegociación del acuerdo agrícola marcarán la agenda en los próximos meses.