En un esfuerzo por mejorar la gestión y protección del Mar Menor, todas las organizaciones agrarias de la Región de Murcia, ASAJA, COAG, UPA, Fecoam y Proexport, han presentado una propuesta conjunta de modificación de la Ley 3/2020, dirigida a la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional de Murcia y a todos los grupos políticos. Este viernes, las entidades agrarias subrayaron la necesidad de adaptar la normativa a los avances científico-técnicos y actualizar artículos clave para asegurar su viabilidad y efectividad.
En rueda de prensa, los portavoces de estas organizaciones señalaron que la actual ley contiene ciertas disposiciones que, en su opinión, no solo están desactualizadas, sino que en algunos casos son imposibles de cumplir debido a la falta de tecnologías adecuadas. Entre los artículos propuestos para revisión, destacaron aquellos que exigen la instalación de sensores de nitrógeno y fósforo, equipos que aún no existen en el mercado. También solicitaron cambios en la obligatoriedad de barreras vegetales y en las disposiciones que rigen la orientación de cultivos en terrenos de baja pendiente, que consideran poco eficaces en cuanto a la protección del suelo y del agua subterránea.
La propuesta de modificación, según explicaron, busca preservar el compromiso medioambiental de los agricultores del Campo de Cartagena, facilitando la implementación de medidas prácticas y actualizadas en las explotaciones. Además, piden que se incluya el uso de técnicas como la biosolarización del suelo y fertilizantes con liberación controlada de nutrientes, ambas avaladas por estudios nacionales.
Respecto al régimen sancionador de la Ley, las organizaciones agrarias consideran que las sanciones son excesivas y no aplican principios de proporcionalidad. Solicitaron una revisión para que las sanciones sean acordes con el impacto real de la actividad agraria en el medio ambiente. También destacaron su preocupación por la exclusión de sectores no agrarios de las sanciones y solicitaron que se reconsideren las prohibiciones automáticas de ayudas a infractores.
Finalmente, el documento presentado propone que las especificaciones técnicas sobre el uso de nitrógeno y la gestión de estiércoles y purines se adapten al contexto actual de cada explotación y solicita mayor flexibilidad en la normativa para pequeños agricultores con invernaderos, así como para la actividad ganadera.
La propuesta ha sido respaldada por profesionales y técnicos de la agricultura, con la participación de científicos independientes, quienes sostienen que una actualización de la normativa permitiría una gestión más eficaz y sostenible del Mar Menor, asegurando tanto la protección medioambiental como la viabilidad de la actividad agraria en la región.