El Congreso de los Diputados ha aceptado la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar la ley de la cadena alimentaria que, según la mayoría de los grupos parlamentarios, no ha cumplido sus objetivos desde su última reforma en 2021. La ley de la cadena alimentaria, reformada en diciembre de 2021 con el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), fue una de las principales reivindicaciones de las movilizaciones del sector agrario en 2019.

En 2013, bajo la dirección del entonces ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, el Gobierno aprobó la primera versión de la ley de la cadena alimentaria. La reforma de 2021 ajustó el texto a las exigencias de la directiva europea, manteniendo sus elementos esenciales. La reforma se centró en la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria y la regulación de los contratos entre los actores de la cadena, los cuales deben estar firmados por ambas partes y reflejar los costos de producción, además de registrarse en una plataforma digital centralizada por el Ministerio de Agricultura para fomentar la transparencia comercial.

La propuesta de ERC ha sido tomada en consideración por el pleno del Congreso con 175 votos a favor, incluidos los del PSOE, y 167 abstenciones, principalmente de PP y VOX. No hubo votos en contra.

Propuesta de Cambios

La proposición de ley pretende dotar a las cooperativas y otras entidades asociativas de mayor poder negociador e incluir los costos reales de producción en el cálculo de los costos generales de la entidad asociativa. Otros cambios propuestos incluyen la reducción de la carga administrativa, la simplificación del registro de contratos alimentarios y la prohibición de la venta a pérdidas incluyendo los costos fijos y variables de comercialización de alimentos.

La iniciativa también fija en un 8% la cuota de mercado necesaria para considerar una posición dominante en la cadena alimentaria e introduce un mecanismo para definir estándares de costos de producción medios como base para los contratos.