Las principales organizaciones de la industria del gran consumo en España han levantado la voz para exigir al Gobierno que armonice la normativa de envases con las regulaciones y plazos del resto de la Unión Europea (UE). Según afirman, la aplicación adelantada de estas normativas generará miles de millones de euros en costos y afectará significativamente la competitividad del sector.
En un evento celebrado en Madrid, representantes de las principales organizaciones de la distribución, como Anged y Asedas, junto con la patronal de la industria de alimentación y bebidas (FIAB), la asociación Aecoc y otras entidades sectoriales, han manifestado su preocupación por las nuevas obligaciones que impone el Real Decreto español sobre la reutilización de envases. Este decreto obliga a los establecimientos minoristas de alimentación a disponer de un número determinado de referencias de bebidas en envases reutilizables a partir de enero de 2025, adelantándose cinco años al calendario fijado por el Reglamento europeo, que no impone objetivos vinculantes hasta 2030.
Impacto Económico y Desafíos Logísticos
José María Bonmatí, director general de Aecoc, ha criticado la falta de diálogo con el Ministerio de Transición Ecológica y ha destacado que «el impacto de esta medida no se ha medido adecuadamente por los ministerios competentes». Bonmatí advirtió que la infraestructura actual no está preparada para una «revolución de tan gran calado para las tiendas y la logística», subrayando que la adopción prematura de estas medidas se basa en «planteamientos ideológicos y no realistas».
Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, señaló que actualmente «no es obligatorio para todas las tiendas en ningún país de Europa» implementar sistemas de reutilización de envases domésticos, y que adaptar las líneas de producción y envasado a estos envases requerirá inversiones significativas. Según García Magarzo, cada uno de los 25.000 locales necesitará invertir entre 50.000 y 150.000 euros.
Problemas de Etiquetado y Regulación
Mauricio García de Quevedo, director general de la FIAB, alertó sobre la normativa de etiquetado que será obligatoria en España desde enero, mientras que el Reglamento europeo ofrece un calendario más amplio y permite el uso de medios electrónicos como el código QR para informar al consumidor, opción que España aún no contempla.
Matilde García Duarte, presidenta de Anged, destacó que el sector enfrentará 600 regulaciones medioambientales en la próxima legislatura, según Eurocommerce. García Duarte subrayó que «el exceso de regulación y la fragmentación del mercado generan unos altos costes para las empresas», y abogó por una regulación «adaptada a la realidad de las empresas, coordinada entre Administraciones y con plazos de adaptación razonables». Concluyó afirmando que «ser los primeros de la clase tiene un coste altísimo».
Llamamiento a la Acción Coordinada
El evento contó también con la participación de Irene Zafra, secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe); Beatriz Blasco, directora general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra); Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, y el respaldo de ACES. Todos ellos hicieron un llamamiento a un marco regulatorio bien orientado, basado en estudios técnicos, que facilite la adaptación de las empresas a una transición sostenible sin perder competitividad.