Ganaderos de diversas regiones españolas se concentraron ayer frente a la sede de la representación de la Unión Europea en Madrid para denunciar la grave amenaza que suponen los ataques de lobos para la viabilidad de sus explotaciones y la falta de medidas efectivas por parte de las administraciones. La protesta ha sido organizada por Unión de Uniones, con la participación de representantes de Asturias (USAGA), Cantabria (AIGAS), Castilla y León (UCCL), Cataluña (Unió de Pagesos), Madrid (UGAMA) y Galicia (FRUGA).
Los ganaderos han expresado su creciente preocupación por la situación insostenible que enfrentan, con lobos que, según relatan, «rondan ya las puertas de nuestras casas» y cuyos ataques son «cada vez más frecuentes y cruentos». En este contexto, acusan a las administraciones de inoperancia, señalando que la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas «se tiran la pelota unos a otros» sin tomar decisiones efectivas que protejan al sector ganadero.
Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la orden que incluyó al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una medida que consideran injustificada y adoptada «sin datos reales» y en contra de las regiones y ganaderos afectados. Asimismo, la organización exige que el Gobierno cumpla con la Ley 30/2022 y presente un proyecto legislativo para la gestión de la fauna silvestre, que debería haberse implementado antes del 3 de octubre de 2023, para prevenir y compensar los daños al sector agrario.
Durante la concentración, los ganaderos entregaron un escrito a la Comisión y al Parlamento Europeo en el que solicitan la creación de una Directiva Europea que proteja a la ganadería de los grandes depredadores, advirtiendo que el problema no se limita solo al lobo, sino que se extiende también al oso, cuyo número de avistamientos en zonas habitadas está aumentando.
Unión de Uniones también ha pedido la revisión urgente de la Estrategia Nacional del Lobo y la implementación de un marco institucional que permita conocer de manera uniforme y actualizada los censos de lobos y otros depredadores, así como los ataques a ganaderías, la valoración económica de los daños y las necesidades de compensación y medidas preventivas. Según la organización, este marco es necesario para garantizar la protección eficaz de la actividad ganadera en España.