El futuro de la Política Agrícola Común (PAC) vuelve a abrir un escenario de incertidumbre en el campo español. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, presentada este verano, ha encendido las alarmas entre agricultores, ganaderos y organizaciones agrarias, que temen un recorte de entre el 15% y el 22% de los fondos que hoy garantizan la viabilidad de miles de explotaciones.
Aunque Bruselas insiste en que “no habrá recortes” y que lo planteado es un “cambio de enfoque”, la realidad es que la PAC quedaría integrada en un gran fondo financiero junto a otras partidas, lo que alimenta las sospechas de que la agricultura pierda peso político y recursos frente a otras prioridades. El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha negado cualquier reducción, pero las cifras todavía no cuadran para el sector: los 302.000 millones de euros asegurados para agricultura y pesca en toda la UE se quedan muy lejos de los 387.000 millones que tuvo la PAC en el marco actual (2021-2027).
Los defensores de la propuesta recuerdan que habría otras bolsas de dinero a las que recurrir —hasta 237.000 millones de fondos no reservados, además de los destinados a regiones menos favorecidas—, pero lo cierto es que esos recursos dependerán de la voluntad política de cada Gobierno a partir de 2028. “No son certezas, son condicionales”, resumen desde organizaciones agrarias españolas, que ven en esta letra pequeña un riesgo de inestabilidad que afectará directamente a la renta de los agricultores.
En España, comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, muy dependientes de las ayudas europeas, serían las primeras damnificadas de confirmarse los recortes. El propio Consejo Agrario, que reúne a todas las organizaciones profesionales del sector, ha expresado un rechazo unánime a la propuesta. Desde Unión de Uniones, su coordinador Luis Cortés ha advertido que “si se aprueba este marco financiero, volverán los tractores a las calles de Madrid y a las capitales europeas”. El campo denuncia que está siendo utilizado como “moneda de cambio” en disputas comerciales internacionales, desde los aranceles chinos al porcino hasta las negociaciones del acuerdo UE-Mercosur.
El debate arranca en un momento especialmente delicado: crisis climáticas como la reciente DANA o los incendios, los efectos persistentes de la guerra en Ucrania, la incertidumbre con Estados Unidos y el bloqueo de mercados estratégicos como el chino. A ello se suma el desgaste de los últimos años, con movilizaciones históricas y un creciente malestar por la burocracia y las exigencias ambientales que muchos agricultores consideran desproporcionadas.
Desde la Coalición Por Otra PAC, integrada por más de 50 entidades, se reclama que esta reforma no se limite a cuadrar cifras sino que apueste por un modelo agrario sostenible en lo económico, social y ambiental. Entre sus propuestas figuran redistribuir las ayudas para priorizar a pequeñas y medianas explotaciones, eliminar los derechos históricos, garantizar el relevo generacional y reforzar el papel de las mujeres rurales. Piden además que al menos la mitad del presupuesto se destine a la transición ecológica, pero sin dejar atrás la viabilidad económica de quienes trabajan la tierra.
Mientras Bruselas defiende que la nueva PAC dará más flexibilidad a los Estados y reforzará la capacidad de reacción frente a crisis, el sector insiste en que la agricultura necesita certezas, no promesas. “Las explotaciones no se sostienen con fondos hipotéticos ni con buenas intenciones”, repiten las organizaciones. La batalla por el presupuesto acaba de comenzar y será larga, pero en España hay un mensaje claro: sin un compromiso firme con el campo, la próxima década puede marcar un punto de inflexión para la supervivencia del medio rural.