La Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP), junto con organizaciones del sector porcino español representadas por ASAJA, COAG y UPA junto a ANPROGAPOR, INTERPORC y Cooperativas Agroalimentarias de España, han pedido al Gobierno una prórroga de dos años para las plantas de cogeneración de purines, cuya vida útil regulatoria de 25 años está próxima a expirar. El escrito conjunto ha sido remitido a los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica (MAPA y MITECO) en un intento por evitar el cierre de estas instalaciones clave para la sostenibilidad ambiental.
El plazo más crítico lo enfrentan las plantas de Gestora de Purins d’Alcarràs (Lleida) y Les Masies de Voltregà (Barcelona), que podrían cesar su actividad el próximo 31 de diciembre. Ambas instalaciones procesan anualmente alrededor de 200.000 toneladas de purines, esenciales en comarcas con alta densidad ganadera. Si no se concede la prórroga, el impacto ambiental y económico podría extenderse a las 22 plantas restantes en España en los próximos años, reduciendo drásticamente la capacidad de tratamiento de purines y comprometiendo los objetivos de sostenibilidad del sector.
Un sector clave para la sostenibilidad y la economía
Durante la Jornada “Nuevo modelo de instalación tipo de purines: una oportunidad para el sector”, celebrada en Barcelona, Josep Capdevila, presidente de ADAP, destacó el esfuerzo del sector porcino para reducir su huella ambiental. “De no lograrse la prórroga, la capacidad de tratamiento de purines será un 62% inferior en 2030 y nula en 2034”, advirtió, señalando que las plantas de cogeneración son esenciales para la descarbonización y desnitrificación de los residuos ganaderos.
Por su parte, Julio Artiñano, presidente de COGEN, subrayó que la situación normativa actual amenaza con el cierre de las 24 plantas de tratamiento existentes en España. “Esto afectará especialmente a zonas vulnerables como Aragón, Cataluña y Castilla y León, incrementando los problemas ambientales en regiones con alta producción porcina”, indicó.
El impacto económico del sector porcino también fue destacado por José Antonio Monclús, representante de la SAT Alcarràs, quien recordó que España es líder europeo en producción y exportación de carne de cerdo, generando 415.000 empleos, de los cuales 142.600 son directos. Monclús enfatizó la necesidad de garantizar herramientas que permitan seguir avanzando en sostenibilidad sin comprometer la rentabilidad de las explotaciones.
Hacia un modelo más sostenible
Una de las propuestas presentadas en la jornada es la implementación de un nuevo modelo de instalación tipo (IT), que combina las plantas de cogeneración con instalaciones de biometano. Este modelo permitiría optimizar el tratamiento de purines, reducir costos y prolongar la vida útil regulatoria de las plantas. Alberto Martín García, consultor de PwC España, explicó que estas inversiones no solo resolverían problemas ambientales, sino que también contribuirían a la transición energética del sector mediante la producción de biogás, biometano e hidrógeno verde.
“Este periodo adicional es esencial para facilitar la reconversión de las instalaciones hacia modelos más sostenibles y eficientes”, concluyó Monclús, reiterando el compromiso del sector porcino con la circularidad, el respeto medioambiental y los objetivos de descarbonización.
Una decisión urgente
El sector porcino español enfrenta un momento crítico. La solicitud de prórroga no solo busca garantizar la continuidad de una herramienta medioambiental clave, sino también salvaguardar la viabilidad económica de un sector estratégico para España. El futuro de estas plantas, y con ello el avance hacia una gestión sostenible de los purines, depende ahora de una decisión política que permita al sector seguir creciendo de forma responsable.