El gobierno de Pedro Sánchez ha generado una creciente polémica en la Comunidad Valenciana y el sureste español al permitir el envío de 2.600 hectómetros cúbicos de agua del río Tajo a Portugal, mientras recorta 100 hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo-Segura, vital para la agricultura de Alicante, Murcia y Almería. Esta medida ha intensificado la crisis hídrica en estas regiones, ya golpeadas por una sequía prolongada, mientras en Portugal se reciben más de 5.000 hectómetros cúbicos al año, lo que equivale a 25 veces el recorte que afecta al sureste español.
Esta situación ha movilizado a los regantes y autoridades valencianas, como el consejero de Agricultura, Miguel Barrachina, quien se reunió recientemente con los agricultores de Alicante para tratar las graves consecuencias de estos recortes, que agravan aún más la crisis agrícola en la región. La combinación de la reducción del trasvase y el cierre de 40 pozos de sequía ha puesto en jaque la agricultura local, dejando al sureste español en una situación de emergencia hídrica.
Aumentan los caudales ecológicos en el Tajo, pero se flexibilizan en el Júcar
El malestar por los recortes en el Tajo-Segura se suma a las críticas por lo que se percibe como una doble vara de medir del Gobierno en su política hídrica. Mientras en la cuenca del Júcar se ha flexibilizado la normativa sobre caudales ecológicos debido a la sequía, en el Tajo, el plan aprobado por el Gobierno establece un aumento progresivo de estos caudales, pasando de 6 metros cúbicos por segundo a 8,7 para 2027. Esto implicará una reducción adicional en el trasvase, afectando directamente a la economía y al empleo agrícola en el sureste español.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha propuesto que los trasvases Tajo-Segura y Tajo-Guadiana se rijan por las mismas reglas de explotación, sin interferencias políticas, para garantizar una gestión más justa y equilibrada del agua. Mazón insiste en que esta medida es necesaria para evitar que la agricultura valenciana dependa de agua desalada, una solución costosa y menos eficiente.
Un impacto devastador en la economía agrícola del sureste
Los recortes hídricos en el sureste español podrían causar pérdidas económicas de hasta 6.000 millones de euros y la desaparición de 15.000 empleos, según datos de la Generalitat Valenciana y organizaciones agrarias como Uepal y Asaja. Estas pérdidas afectarían a 30.000 hectáreas de cultivo, que quedarían en barbecho o se convertirían en terrenos de secano, lo que incrementaría la desertificación en la región.
El impacto se siente especialmente en Alicante, Murcia y Almería, donde el recorte en el trasvase Tajo-Segura condena a los agricultores a buscar alternativas costosas, como el uso de agua desalada, o a abandonar sus cultivos. Mazón ha descrito esta situación como un «tsunami económico», con consecuencias sociales, económicas y medioambientales irreparables para el sureste español.
Propuestas para un pacto nacional del agua
En un intento de encontrar soluciones a esta crisis hídrica, Carlos Mazón y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmaron en marzo de 2024 una declaración conjunta en la que exigían a Sánchez un pacto nacional del agua. La propuesta incluye la creación de una mesa técnica, no política, que reúna a todas las comunidades afectadas por los trasvases para revisar las reglas de explotación de manera equitativa.
Sin embargo, el gobierno central ha rechazado esta iniciativa, manteniendo su postura respecto al trasvase Tajo-Segura y priorizando el cumplimiento del acuerdo hispano-portugués, que establece la cesión de miles de hectómetros cúbicos al país vecino. Mientras tanto, los agricultores del sureste ven cómo sus cosechas se marchitan, y la sequía, que parecía interminable, sigue complicando la situación.