La Comisión Europea ha propuesto este miércoles aplazar durante un año la entrada en vigor del reglamento contra la deforestación, una ley diseñada para evitar que los productos consumidos en la Unión Europea (UE) contribuyan a la destrucción de bosques. La normativa, que debía aplicarse a partir de 2025, ha generado críticas desde el sector agrario, la industria y varios países socios, lo que ha llevado al Ejecutivo comunitario a proponer un periodo adicional de adaptación.
La ley contra la deforestación, adoptada en 2023, busca impedir que ciertas materias primas y productos derivados como ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera y caucho, además de sus derivados (como cuero, chocolate y muebles), contribuyan a la deforestación, tanto dentro de la UE como en terceros países. El objetivo es mitigar el impacto europeo en la deforestación global, dado que, entre 1990 y 2020, la masa forestal destruida globalmente fue mayor que la superficie de la UE, y cerca del 10 % de esa pérdida se atribuye al consumo europeo.
La normativa establece que, a partir del 30 de diciembre de 2025, las empresas que importen estos productos en la UE deberán demostrar, mediante un sistema de geolocalización, que no han contribuido a la deforestación o la degradación de los bosques.
Sin embargo, la ley ha enfrentado una fuerte presión de diversos actores internacionales y del sector agrario, especialmente en países como Brasil, Colombia, Indonesia y Estados Unidos, que han expresado su preocupación por el impacto económico que podría generar. La industria europea también ha planteado sus inquietudes, argumentando que la aplicación inmediata de la ley podría dificultar las operaciones comerciales.
El Partido Popular Europeo (PPE), pese a haber liderado las negociaciones del reglamento en el Parlamento Europeo, también ha manifestado sus reservas. A su vez, organizaciones ecologistas y eurodiputados verdes y socialdemócratas han criticado duramente la prórroga, advirtiendo que el retraso representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático.
Virginijus Sinkevicius, excomisario de Medioambiente y eurodiputado ecologista, ha señalado que posponer la ley «pone en riesgo 80.000 acres de bosque diariamente», además de alimentar el 15 % de las emisiones globales de carbono, dañando la credibilidad de la UE en sus compromisos climáticos.
La propuesta de la Comisión deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, lo que prolongará el debate y planteará si deben prevalecer los intereses económicos globales.