Uno de los cambios más destacados en la composición del nuevo ejecutivo de Salvador Illa es la decisión de dividir el Departamento de Acción Climática en dos consejerías distintas: Territorio, liderada por Sílvia Paneque, y una nueva consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, encabezada por Òscar Ordeig.
Esta reestructuración ha generado preocupación tanto en el sector agrícola como entre las plataformas ecologistas, que expresan su escepticismo sobre la eficacia de este nuevo reparto de competencias, advirtiendo que podría dificultar la implementación de políticas ambientales coherentes.
En el ámbito agrícola, desde Unió de Pagesos temen que la división podría llevar a una reducción en las ayudas económicas y generar conflictos interdepartamentales. Raquel Serrat, portavoz del sindicato, expresó su preocupación por la posible confusión al tener que solicitar subvenciones a distintas consejerías, lo que antes se gestionaba de manera unificada bajo Acción Climática.
El Departamento de Acción Climática fue creado como un símbolo del compromiso del anterior gobierno con políticas ambientales, unificando competencias que antes estaban en diferentes áreas. Sustituyó a la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y supuso la unificación de las competencias en medio ambiente y sostenibilidad, que anteriormente ostentaba el Departamento de Territorio. Acción Climática ha sido la encargada de gestionar dos de las grandes crisis que ha vivido el Govern de Aragonès. La sequía, que aún persiste y a la que el anterior gobierno catalán no ha sido capaz de dar solución; y las manifestaciones en febrero de agricultores y ganaderos, que durante aquel mes paralizó el sector con tractoradas para reclamar menos burocracia, subvenciones más coherentes, restricciones de agua más flexibles y precios más justos ante la competencia internacional, que consideraban desleal. Parte del sector agrícola reclamó entonces a la Generalitat la inclusión de las palabras Agricultura, Ganadería y Pesca en la nomenclatura de la consejería.
La separación ahora de estas competencias en dos consejerías distintas, aun con la inclusión en la nomeclatura de una de ellas de las palabras Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, emergen preocupaciones fundamentales para el sector primario como ocurre a escala nacional, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el de Agricultura defienden habitualmente intereses enfrentados.
La nueva estructura del Govern tendrá que enfrentarse a retos como la gestión de la sequía y la elaboración de políticas hídricas, que deberían ser una de sus prioridades, aunque Illa no lo mostrase así durante la campaña electoral.