La reciente propuesta del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para desarrollar centros de ocio en los embalses de Entrepeñas y Buendía, ha generado polémica debido a la aparente contradicción con su postura sobre la escasez de agua y la conveniencia de cerrar el trasvase Tajo-Segura.
El plan, que incluye un parque multiaventuras en el embalse de Buendía y cruceros fluviales en Entrepeñas, ha sido calificado como “megaproyectos insostenibles y fantasiosos” por Ecologistas en Acción. La organización señala la incoherencia del gobierno regional al denunciar la falta de recursos hídricos para el trasvase a Alicante, Murcia y Almería, mientras se promueve un turismo de masas que podría agravar la situación.
Los agricultores castellanomanchegos, representados por el sindicato SCRATS, han expresado su preocupación por los efectos de estos proyectos sobre la disponibilidad de agua. Aseguran que las actuales normas del trasvase Tajo-Segura, que permiten desviar 200 metros cúbicos hacia Levante en los próximos meses, ya imponen una carga considerable. Además, destacan que los pueblos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía a menudo dependen de camiones cisterna en verano debido a la falta de infraestructura adecuada, a pesar de los pagos realizados para mejorar las conducciones de agua.
El proyecto turístico, valorado en 4,9 millones de euros, contempla infraestructuras como un embarcadero fluvial, kayaks, una cafetería, 14 alojamientos turísticos y un albergue juvenil con 140 plazas. Ecologistas en Acción advierte que estas iniciativas aumentarían el consumo de los ya escasos recursos hídricos, afectando negativamente a los espacios protegidos por la Red Natura 2000.
En mayo, García-Page se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para discutir una «estrategia nacional» sobre el reparto del agua. Aunque ambos coincidieron en la necesidad de evitar conflictos interregionales, discreparon sobre el uso de la desalación como solución complementaria. Mazón ha criticado la falta de acción de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien no ha convocado a los dirigentes autonómicos afectados para buscar un consenso.