Este jueves 25 de abril marca el inicio de nuevas movilizaciones en el sector primario español, aunque esta vez sin la unidad de acción que caracterizó protestas anteriores. Las tensiones se intensifican tras el anuncio por parte del gobierno de la ampliación de la representatividad agraria a Unión de Uniones, lo que añade una capa más de complejidad a la situación.

Las organizaciones agrarias mayoritarias (ASAJA, COAG y UPA) han mostrado sus desacuerdos en torno al plan de 43 medidas presentado por el Gobierno, solo firmado por UPA, lo que ha desdibujado la unidad que previamente habían demostrado. Además, surge una nueva controversia centrada en Unión de Uniones y su rol en la representación del sector.

Durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha expresado su descontento, acusando a UPA de desarticular la unidad de acción entre las organizaciones y a Unión de Uniones de buscar únicamente expandir su representatividad, en detrimento de los intereses del sector. Por otro lado, se ha cuestionado la estrategia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En medio de este panorama, Asaja ha convocado una manifestación en Córdoba a la que sí se suma COAG, y anuncia otras por el territorio español. Mientras, COAG se muestra más cautelosa y, a la vez, avalúa nuevas formas de protesta mientras mantiene el diálogo con el Ministerio de Agricultura, según ha señalado su secretario general, Miguel Padilla, en dicho coloquio. Por su parte, UPA sostiene su compromiso con la movilización y no descarta futuras manifestaciones en áreas específicas donde sea necesario aunque defiende la firma de las 43 medidas del ministerio porque «recoge casi todas sus demandas».

Las reivindicaciones del sector son claras: buscan un cambio de rumbo para garantizar una agricultura más rentable y sostenible. Sin embargo, las discrepancias sobre cómo lograr este cambio y quién debe representar al sector han complicado el panorama. Los representantes de las tres organizaciones agrarias mayoritarias sí coinciden en defender el modelo de producción europeo, un precio digno para sus productos y una legislación que tenga en cuenta su realidad sin tantas limitaciones.

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